La industria alimentaria española ocupa el primer lugar como sector industrial en términos de facturación. Representa el 2,7% del PIB español y es un emplea a 1 de cada 5 trabajadores del sector. España es el octavo exportador mundial de bebidas y alimentos en cifras neta de ventas, con productos con referencia a nivel internacional como por ejemplo el vino o el aceite.
Mantener la competitividad como exportadores no es una tarea fácil y necesita de una constante innovación.
Las empresas alimentarias han empezado a utilizar soluciones de Software para planificar mejor los recursos e integración de los diferentes departamentos, para la gestión de los clientes, para la realización de auditorías e inspecciones... etc.
Tras la consolidación y la implantación de diversas soluciones de negocio, el sector alimentario se encara a un nuevo reto que es la implantación de la ley GDPR-General Data Protection Regulation.
Esta nueva normativa tiene como fin regular la protección de datos de los ciudadanos europeos, y es de obligado cumplimiento desde el 25 de mayo de 2018.
Todas las empresas tienen que asumir la nueva regulación sobre la recogida, conservación y uso de los datos personales de ciudadanos europeos y ya no es posible que el usuario otorgue su consentimiento con un simple clic, si no que tendrá que hacerlo por escrito.
Con la ley nueva ley en vigor de GDPR, se crea también el derecho al olvido por parte de los usuarios, quienes podrán reclamar la eliminación de sus datos. La empresa por su parte, tendrá que ser capaz de probar que realmente se ha eliminado esta información de su base de datos.
Otra de las cuestiones planteadas de la nueva normativa es la notificación de incidentes de seguridad o pérdida de la información de dicha base de datos. Las empresas estan obligadas a informar a los usuarios y a la agencia de protección de datos que han sufrido un fallo en la seguridad de los datos almacenados. Se tendrá que informar en un máximo de 72 horas.
De este modo el sector se enfrenta a este nuevo desafío, una nueva forma de gestionar el tráfico de datos y los procesos dentro de cada empresa.
En el sector de la alimentación se recopilan tanto datos personales de empleados y proveedores como datos de usuarios de las plataformas de e-commerce... etc. Todos estos datos tendrán que estar encriptados y enmascarados.
Si no se cumplieran todos estos requisitos que exige la nueva normativa las multas podrían ser hasta un 4% del volumen de facturación anual, con un tope de 20 millones de euros.
